Directorio Legislativo



¿Qué se puede esperar del nuevo período ordinario del Congreso de México?




El Congreso de México retomó sus sesiones ordinarias el 1° de febrero. Conocé qué pasó durante el primer periodo del actual año legislativo y cuáles son las prioridades para el nuevo periodo, que se extenderá hasta el 30 de abril.

Según un informe elaborado por Directorio Legislativo, desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegó al poder se puede observar que la actividad del Congreso no se distribuye regularmente a lo largo del año legislativo, sino que tiende a intensificarse hacia el final.

Cuántas leyes se aprobaron y cuántas sesiones plenarias se realizaron por mes, entre 2018 y 2022.

Qué viene pasando en el actual año legislativo, en números.

Al 16 de diciembre de 2022: 

  1. Cada una de las Cámaras del Congreso celebró 34 sesiones ordinarias
  1. Ingresaron 926 proyectos de ley y 131 proyectos de reforma constitucional. De estas 1057 iniciativas, 297 corresponden a legisladores de MORENA (28%), 232 al PAN (22%) y 157 al PRI (15%)
  1. Se sancionaron 35 leyes. Entre ellas se destacan la reforma de la Guardia Nacional, el primer paquete del “Plan B” de la reforma electoral y el Paquete Económico Fiscal (que incluye la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, el Presupuesto de Egresos y la modificación de la Ley de Derechos). 
  1. Se aprobó una enmienda constitucional que extiende la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interna hasta 2028. Esto se logró porque el oficialismo contó con el apoyo del PRI en la Cámara de Diputados, mientras que el voto del PRI y el PRD se dividió en el Senado. 
  1. La Cámara de Diputados rechazó un proyecto de enmienda constitucional en materia electoral impulsada por el gobierno. La votación se definió con 269 votos a favor (MORENA, PT y PVEM) y 225 en contra (PAN, PRI, PRD y MC), por lo que no alcanzó la mayoría calificada requerida para su aprobación.

¿Está cambiando la estrategia legislativa del oficialismo? El Plan B

Algunos hechos ocurridos durante este año legislativo sugieren que sí.

Los cuatro bloques que conforman la coalición oficialista (MORENA, PT, PVEM y PES) reúnen por sí solos más de la mitad de los escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eso es suficiente para aprobar una ley ordinaria pero no una reforma constitucional, que requiere una mayoría calificada. 

Podría decirse, entonces, que en la medida en que estos cuatro bloques se mantengan cohesionados (y hasta ahora fue así como se muestra en el Balance Legislativo 2018-2022), la principal carta de la oposición es el bloqueo de las reformas constitucionales. 

En esa línea los tres partidos que conforman la coalición Va por México (el PAN, el PRI y el PRD) anunciaron en junio una “moratoria constitucional”, es decir que ya no respaldarían las reformas a la Constitución promovidas por el oficialismo. Esta estrategia apuntaba a dos proyectos centrales para AMLO: la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional que es una institución de seguridad pública. Pocas semanas antes, ya habían derribado la reforma eléctrica, otro punto clave de la agenda del gobierno. 

El oficialismo optó entonces por transformar los proyectos de reforma constitucional originales en paquetes de reformas a leyes ordinarias. Esta estrategia se usó primero para reformar la Guardia Nacional que se canalizó por medio de la modificación de cuatro leyes en septiembre de 2022.

Cerca del cierre del primer período legislativo, hizo lo mismo para impulsar la reforma electoral luego de que la oposición frenara la enmienda constitucional en la Cámara de Diputados. El llamado “Plan B” de esta reforma está dividido en dos paquetes. El primero, aprobado y promulgado en diciembre, modifica dos leyes generales en materia de propaganda gubernamental. El segundo, y más polémico, cubre tres puntos centrales: la ampliación de derechos electorales, cambios en la organización, estructura y funcionamiento de las autoridades administrativas del INE y las autoridades públicas locales en materia electoral, y la reforma de la justicia electoral. El trámite legislativo se completará en el Senado cuando se retomen las sesiones ordinarias en febrero y no se esperan tropiezos. 

¿Los costos? Dada la forma en que fueron aprobadas, el destino de estas iniciativas probablemente termine siendo dirimido por la justicia, algo que genera incertidumbre jurídica y más aún cuando falta menos de un año y medio para las elecciones presidenciales. En principio, la reforma de la Guardia Nacional fue judicializada ante un juzgado de Guanajuato en octubre. Además, el PAN y el PRD ya interpusieron una acción de inconstitucionalidad contra el primer paquete del Plan B de la reforma electoral ante la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué hay por delante? 

Según han adelantado tanto diputados como senadores del oficialismo, durante este período ordinario se priorizarán pendientes legislativos como la aprobación final de la reforma electoral de AMLO; la finalización de nombramientos de funcionarios, entre ellos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE); la regulación del uso del cannabis; la aprobación de cambios en materia de ciencia y tecnología, entre otros asuntos. No está prevista, por el momento, la discusión de reformas integrales y desde el Poder Ejecutivo anticiparon que tampoco planean introducir nuevos proyectos de enmienda constitucional. Este será un período clave para reforzar la cohesión del partido con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

Para conocer más sobre la actividad del Congreso de México en el período 2018-2022 los invitamos a consultar nuestro balance legislativo

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